"Se prohíbe el acceso de los menores a contenidos de carácter pornográfico, en cuanto mina el respeto a su dignidad y compromete su bienestar físico y mental, constituyendo un problema de salud pública": así reza el artículo 13.1 de la ley de 13 de noviembre publicada al día siguiente en la Gaceta Oficial del Estado italiano. Queda así convertido en ley, con algunas modificaciones introducidas por el Senado, el decreto-ley del 15 de septiembre con el que la primer ministro Giorgia Meloni adoptó una serie de "medidas urgentes contra el malestar juvenil, la pobreza educativa y la criminalidad de los menores, y también para la seguridad de los menores el ámbito digital".